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Comunicado de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía informando de su posición negativa al estatuto de autonomía de Andalucía.

Ciutadans

El Comité Ejecutivo de Ciudadanos-Partido de la Ciudadanía, en sesión celebrada el día 9 de enero de 2008, acordó solicitar el voto negativo en el próximo referéndum del Estatuto de Autonomía de Andalucía que se celebrará el día 18 de febrero de 2007.

Las razones que impulsan a Ciudadanos a pedir a la población andaluza a que muestre su rechazo al referido texto, se resumen en lo siguiente:


1.- El Estatuto de Andalucía aprobado por las Cortes Generales es un texto intervencionista y reglamentista que no responde al interés general sino que es un instrumento destinado a debilitar el Estado, convirtiéndolo también en residual en Andalucía.

2.- El Estatuto se asienta, al igual que el Estatuto catalán, en el principio de bilateralidad entre Comunidad Autónoma y Estado, dificultando el normal funcionamiento de las instituciones del Estado. A nuestro juicio es la multilateralidad la que ha de presidir las relaciones entre todas las Comunidades Autónomas con el Estado.

3.- Rompe el principio de igualdad de derechos y deberes de todos los españoles al fijar una carta específica propia.

4.- El Estatuto se fundamenta, según se deduce de su preámbulo, en una visión nacionalista de esa Comunidad Autónoma que no se corresponde con su realidad.

5.- Por todo ello, informa que solicitará del Defensor del Pueblo, en todo caso, que interponga recurso de inconstitucionalidad contra el mismo y que realizará charlas informativas en Andalucía solicitando el voto negativo en el referéndum del Estatuto de Autonomía.

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PEDIMOS VOTAR NO porque no queremos que el Estado sea residual en Andalucía. Un Estado que controle menos del 25 por ciento de la administración es inoperante y carece de recursos para cumplir las funciones para las que ha sido concebido. Con los nuevos estatutos el Estado controlará apenas el 12 por ciento de los dineros públicos, y su papel como garante de los derechos de todos los españoles se torna inviable.
Nos oponemos a un Estatuto que se arroga competencias exclusivas en materias que superan el ámbito de Andalucía como el agua, las cuencas hidrográficas, la ganadería y pesca, la estadística, la meteorología o la inmigración
La reforma estatutaria andaluza concede a la Comunidad Autónoma capacidad para participar e incluso fiscalizar la política estatal, pero blinda numerosas competencias en las cuales el Estado no puede intervenir. Pero la Comunidad Autónoma también intervendrá en aquellos supuestos que aún permanezcan bajo competencia estatal.
El procedimiento utilizado es el del “cercado constitucional” atribuyéndose primero a la Comunidad Autónoma la competencia “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo x de la Constitución”. Si la Constitución establece lo contrario se crean comisiones bilaterales Estado-Autonomía, de igual a igual como si de dos Estados se tratará, en las que la Comunidad Autónoma emitirá informes:

“la Comunidad Autónoma emitirá informe en los procedimientos de autorización de instalaciones de producción y transporte de energía y de redes de abastecimiento que superen el territorio de Andalucía o cuando la energía sea objeto de aprovechamiento fuera de este territorio” “La Junta de Andalucía participa en la regulación y planificación de ámbito estatal del sector de la energía que afecte al territorio de Andalucía a través de los órganos procedimientos multilaterales a que se refiere el apartado 1 del artículo 221 del Estatuto” (Art. 49. 3 y 4).
El artículo 221 establece la creación de “órganos y procedimientos multilaterales” entre el Consejo de Gobierno y el Gobierno central”

En resumen, a la Junta le corresponde todo, respetando lo que diga la Constitución, en la seguridad de que la Constitución no dice mucho y concreta menos. El texto constitucional es abierto y fija pocos límites; el nuevo Estatuto es minucioso prolijo. Cada detalle competencial queda perfectamente delimitado escrupulosamente anotado de forma que el Estado queda amordazado con, por arriba, una Constitución generosa que legisla muy pocos aspectos concretos, y por abajo, un Estatuto que legisla hasta el derecho al paisaje. A partir de ahora cualquier intento del Estado de modificar el estado de las cosas chocará inevitablemente con las leyes orgánicas de los estatutos.

PEDIMOS VOTAR NO por compromiso con todos los ciudadanos españoles y afirmando que el proceso nacionalista no es irreversible. Unos cuantos partidos con escasa representación parlamentaria, y la complicidad o el silencio de los grandes partidos, están imponiendo un modelo de Estado que no ha sido querido por la inmensa mayoría de los españoles, que no han tenido la oportunidad de dar su opinión sobre un proceso general y nacional que supone una modificación sustancial de la organización territorial. Creemos que es posible luchar contra esta imposición y que es nuestro deber hacerlo.

PEDIMOS VOTAR NO porque el estatuto vigente no ha sido desarrollado. La Junta de Andalucía, ha tardado 25 años en elaborar, una Ley de Ordenación Urbanística y un Plan de Ordenación Territorial de Andalucía, teniendo competencias exclusivas en ordenación del territorio. Es una de las muchas competencias que nunca se ha preocupado de desarrollar. Al amparo del caos legislativo y de la absoluta inoperancia de la Administración de Justicia, el desarrollo urbanístico ha sido desenfrenado, especialmente en la costa mediterránea. El caso Marbella, y multitud más por toda Andalucía, se ha originado por manifiesta dejadez de nuestros gobernantes que, ocupados solo en hacer valer sus propios intereses, han descuidado su deber fundamental: velar por los intereses de los ciudadanos y su entorno.
Ahora el nuevo estatuto considera como uno de sus “principios rectores” que se haga una “aplicación efectiva” del “uso racional del suelo, adoptando cuantas medidas sean necesarias para evitar la especulación” (Art. 37. 22). Durante todo este tiempo, nuestra clase política no lo ha hecho teniendo competencias para ello. ¿Lo van hacer ahora?